Diferencia Entre Contrato De Gestion De Servicios Publicos Y Contrato De Servicios

Peculiaridades, todas y cada una ellas que, de forma tradicional en nuestra legislación de contratos, se han venido contemplando para el contrato de administración de servicios públicos. Pero, una vez más, no cabe charlar de una intercambiabilidad contractual plena o completa como quiera que el producto 312 LCS17 no contempla la aplicación de otras 2 causas de resolución del contrato de concesión de servicios que, de igual modo, se han venido reconociendo tradicionalmente al contrato de gestión de servicios públicos y que deberían concurrir igualmente en el contrato de servicios del articulo 312 LCSP17. Nos referimos a “la demora mayor a seis meses por parte de la Administración en la distribución al concesionario de la contraprestación o de los medios socorrieres a que se obligó según el contrato (producto 294.b LCSP17 y producto 286.a del derogado TRLCSP11). Así como a “la imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato” (artículo 294.y también LCSP17 y producto 286.d del suprimido TRLCSP11).

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Porque no es casual, además, que el legislador estatal se refiera a posibilidades directas a favor de “la ciudadanía” (“de los ciudadanos” en el Anteproyecto y en el Emprendimiento de Ley tal como en el artículo 227 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de contratos públicos de Navarra) para diferenciarlo claramente del contrato puro de servicios donde la prestación del contratista se realiza siempre y en todo momento a la propia Administración. Empero, el legislador estatal sólo se ocupa en el Preámbulo de la LCSP17 de resaltar parte de esas relaciones, concretamente la “que se establece de manera directa entre el empresario y el usuario del servicio” sin precisar el alcance de la relación jurídica, también que existe, entre el prestatario del servicio y la Administración titular del mismo. Si bien en un principio pudiera pensarse que lo que sucede es un mero movimiento de la categoría del contrato de administración de servicios públicos, en su modalidad de concesión, por el contrato de concesión de servicios, tal y como automatiza impropiamente la Predisposición Adicional 34ª LCSP17, la realidad práctica nos demuestra que no todo resulta tan simple. Pues puede llegar a ocurrir que, como se advierte en el Preámbulo de la LCSP17, contratos que hasta el momento eran calificados como de gestión de servicios públicos pero en los que claramente el empresario contratista no asume el peligro operacional en la explotación de ese servicio deban ser considerados a partir de ahora como meros contratos de servicios. Esto hace una ruptura, con secuelas para nada intrascendentes, en el régimen jurídico del contrato de servicios.

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En este tipo de contratos, el peligro operacional del derecho se transfiere al concesionario en los términos señalados para la concesión de obra pública, debiendo asumir aquel el riesgo de demanda, el riesgo de suministro o los dos. Cierto es, no obstante lo anterior, que con la desaparición de los contratos de gestión de servicios públicos, el legislador reconoce ahora abiertamente que también los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía pueden ser objeto del contrato, el que, en estas situaciones, va a tener determinadas características “especiales”, extrañas a la concepción tradicional de los “contratos de servicios”, que recuerdan más a lo que en origen eran los ya inexistentes “contratos de gestión de servicios públicos”. A mayor abundamiento, la frontera que entre uno y otro contrato instituye la LCSP17, por mor de las novedosas Ordenes en temas de contratación, y relativa a la traslación o no del peligro operacional, pareciese desvanecerse sobremanera cuando de lo que se habla es de ampliar la duración máxima del contrato de servicios o del contrato de concesión de servicios.

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Y esto a modo de “última ratio” o solución “menos mala” pues, en el ánimo del propio Consejo de Estado, la solución ideal al texto del Anteproyecto pasaba por “la reinserción de la figura del contrato de administración de servicios públicos” dado que “no resulta sencillo encontrar una solución a los problemas expuestos” (p. 79). El artículo 312 LCPS17 debe contextualizarse necesariamente, a nuestro modo de ver, en la solución obligada, a la vez que forzosa, que toma el propio legislador estatal al mismo tiempo de decidir la supresión del contrato de administración de servicios públicos. Un nuevo producto con un supuesto nuevo contrato que resultaría de todo punto innecesario si no se hubiese alcanzado, a su vez, aquella determinación y que, como ya hemos tenido ocasión de apuntar, absolutamente nadie forzaba a adoptar para cumplir con las nuevas Ordenes en materia de contratación pública. El contrato de concesión de servicios es aquel en el que un poder adjudicador confía al concesionario, a título oneroso, la administración de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio, trasfiriendo al concesionario el peligro operacional.

Contrato De Administración De Servicios Públicos Y Contrato De Servicios Públicos Delimitación Y Diferencias

El artículo 310 del Anteproyecto de Ley no mencionaba en ningún instante, como sí hace el vigente producto 312 LCSP17, al lugar previo, antes de la contratación del servicio, de su régimen jurídico. Al hallarnos ante la prestación, no de un servicio cualquiera al público, sino más bien de reales servicios públicos, la previa predisposición de su régimen jurídico garantiza y visibiliza no solo la llegada de las posibilidades en pos de la ciudadanía sino, además de esto, que la actividad queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma . Es aquí donde radican las auténticas especialidades de los contratos de servicios que conlleven prestaciones directas en pos de la ciudadanía.

No obstante, ni siempre y en todo momento ni en todos y cada uno de los casos, la carencia de prestación del servicio puede deberse a una circunstancia por entero imputable al contratista. Aun, en el momento en que las circunstancias que previenen la ordinaria prestación del servicio no tienen la posibilidad de imputarse al contratista y, por ende, no cabe estimar que haya compromiso alguna de él, asimismo en ese escenario puede llegar a declararse el secuestro, de acuerdo contempla el artículo 293.1 LCSP17 (“si por causas ajenas al concesionario”) para el contrato de concesión de servicios. Este último supuesto es el que, ya de viejo, se viene denominando como “secuestro impropio” pero no halla formalización explícita en el artículo 312.d) LCSP17. No obstante, entendemos que no puede quedar descartada su app asimismo al contrato de servicios en el momento en que acarrea prestaciones directas a favor de la ciudadanía como quiera que el producto 293.1 LCSP17 hace referencia al mismo, para la concesión de servicios, “uando el contrato recaiga sobre un servicio público” que es justo lo que asimismo sucede con la prestación material del contrato de servicios del producto 312 LCSP17. Es conque, en el contrato de servicios del producto 312 LCSP17, el rapto, de esta manera concebido, puede venir animado, entonces, por un incumplimiento del contratista -así como resulta con carácter general de lo preparado en el producto 263.1 LCSP17, por remisión del propio artículo 293.1 LCSP17- que produce deficiencias o alteraciones que han de reputarse como “graves” en la prestación del servicio y con clara afección a los intereses de los usuarios. Pudiéndose prolongar hasta un límite temporal máximo de tres años, de conformidad con el producto 263.3 LCSP17, incluidas las posibles prórrogas.

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C) Regularán la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario, sabiendo que en cualquier caso el peligro operacional le corresponderá al contratista. B) Fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieren de abonar los clientes, los procedimientos para su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En expresiones del TJUE radica en quién sea el operador que soporte el peligro preponderante relacionado a la explotación de las actividades de que se habla. El poder adjudicador simplemente va a deber decantarse por la asunción o no de dicho peligro para discernir entre los dos tipos contractuales, o cuando menos, para elegir si nos encontramos frente a una concesión de servicios o frente otra figura jurídica.

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A consecuencia de ello, los pronunciamientos jurisprudenciales han ido resaltando los elementos identificativos de todos esos contratos, si bien ello no ha aliviado la dificultad por la parte de los operadores jurídicos y económicos de diferenciar ambos tipos contractuales. Ii) El rapto o intervención del servicio, si la Administración no resolviese la resolución del contrato, por incumplimiento del contratista del que se derive perturbación grave y no reparable por otros medios y esto sin perjuicio del abono por el contratista de los daños y perjuicios causados a la Administración. Posibilidades cuya administración no responde a un orden relacionado de forma directa con competencias de la Administración. C Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones equivalentes a las que constituyen el servicio público de que se trate. En cambio, para las concesiones de proyectos y de servicios el plazo solo puede ser reducido en el caso de utilización de medios electrónicos en 5 días, con lo que el plazo mínimo nunca podrá ser inferior a 25 días. Tendrán la cuenta de contratos privados los celebrados por entes, organismos y entidades del ámbito público que no reúnan la condición de Gestiones Públicas.

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Asunción del peligro de explotación por el concesionario resulta importante para atribuir a la relación jurídica que examinemos la condición de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación vaya destinada directamente a su utilización por los particulares y que la organización del servicio se encomiende en mayor o menor nivel al concesionario son secuelas, bien del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien de nuestra exigencia de asunción del peligro derivado de la explotación del servicio. De lo anterior se desprende que en el momento en que un negocio jurídico, si bien reúna algunas peculiaridades de la concesión, como es el en el caso de que se encomiende la organización del servicio al contratista, pero no contemple la asunción del peligro de explotación en tantas ocasiones mencionado, no va a poder considerarse a los efectos de la legislación de contratos del ámbito público como una concesión de servicios”.

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Habiéndose señalado puesto que esta realidad no venía impuesta ni obligada por el Derecho de la UE, sea como fuere, a juicio del legislador, resulta obligada su desaparición en el acomodo que este contrato debe tener en el ámbito conformado por las Ordenes de contratación pública y, sobre todo, por el alumbramiento del método del peligro operacional en el contrato de concesión de servicios. A mayor abundamiento, esta decisión del legislador estatal forma un ataque, en toda regla, a la “línea de flotación” de la administración indirecta de los servicios públicos. Lo que sencillamente viene a detallarse, por y en la LCSP17, en la necesidad de armar el “puzzle europeo contractual” preparado por las nuevas Ordenes de contratación pública y propiciado por los continuos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE para posibilitar su encaje en el ordenamiento jurídico interno. Principalmente, con lo que tiene relación a la necesidad de delimitar el contrato de concesión de servicios del mero contrato de servicios, una vez derruido el edificio del contrato de administración de servicios públicos y que, indudablemente, hace un choque con nuestra propia tradición jurídica. Y el encaje de esas dos piezas solo resulta viable, en el parecer del legislador estatal, con el sacrificio del contrato de gestión de servicios públicos y la entrada en juego de la categoría europea de la concesión de servicios tal es así que todo contrato que no sea calificado judicialmente como tal, desde la app del método del peligro operacional, queda reducido, de manera implacable, a un mero contrato público de servicios.

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