Ley De Racionalización Y Sostenibilidad De La Administración Local Servicios Sociales

“El tercer ámbito es muy necesario, pero siempre y en todo momento es complementario a la red pública”, insiste Lima. La presidenta del Consejo General recuerda que la atención a esos grupos, entre otros, se financiaba con el Plan Concertado que el Gobierno ahora ha anunciado que dejará de pagar en 2014. El Plan Concertado es un acuerdo tripartito entre Estado, Autonomía y Ayuntamiento, en que se las tres gestiones se dividen la financiación de los servicios sociales municipales. La aportación estatal a esta partida padeció un recorte del 42,2% en 2012 y del 40% en los presupuestos de este año. Por otra parte, los expertos municipales han contribuido inestimablemente en la profesionalización de estos servicios, en el desarrollo de disciplinas y prácticas en el campo de la protección popular, del avance comunitario, de un ejercicio profesional relacionado al territorio, a la realidad de las familias y las comunidades. Conseguimos un nivel de avance profesional y de idea técnica en el que se han mirado otros muchos sistemas de protección y otros países…las universidades pudieron investigar, formar y planear una capacitación correcta al desarrollo de nuestro estado de confort.

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B) Sopesar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, esos cuya gestión esté encomendada a otras Administraciones. C) Garantiza el desempeño de las funcionalidades públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y capacitación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. E) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis. La predisposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia va a estar el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que fueron delegadas sin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva Entidad Local.

La Reforma Del Derecho Aéreo Y La Protección Del Pasajero Tras La Reforma De Los Juzgados De Lo Mercantil

En concordancia con la disposición agregada primera de la Constitución y con lo dispuesto en los productos 3, 24.2 y 37 del Estatuto Vasco, los Territorios Históricos de Labraba/Álava, Gipuzkoa y Bizkaia organizarán libremente sus instituciones y dictarán las normas primordiales para su desempeño, amparando y garantizando, además, las peculiaridades históricas de las Entidades Locales de sus territorios, sin que les sean de app las contenidas en la presente Ley en materia de organización provincial. B) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en mucho más de un 50 por cien por recursos o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. Los funcionarios van a deber permanecer en cada puesto, logrado por certamen, un mínimo de un par de años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo o ser nombrados con carácter provisional en otro puesto de trabajo, salvo en el campo de una misma Entidad Local. B) El control y la fiscalización interna de la administración económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

No se habla tanto, o no es noticia de portada, cómo afectará esta reforma a los Servicios Sociales municipales. Entre estas medidas de atractivo están el incremento de su financiación, la prioridad en la asignación de proyectos de cooperación local o de subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como resultado del aumento poblacional. No obstante, en los dos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el municipio, aunque van a deber pagar por este motivo y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el semejante de las transacciones del sistema de financiación. No se perciben aspectos positivos en esta reforma, tampoco se justifica su necesidad y el peligro del retroceso en políticas sociales y la vuelta a prácticas ya en desuso como la asistencia popular y la beneficencia provoca incomodidad y alarma. “Una vuelta al siglo XIX”, destacaba Zaragoza. “Una vuelta a la beneficencia, a recobrar la figura del “pobre de solemnidad”, resaltaba Moreno.

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En el momento en que la Diputación advierta que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, va a ofrecer a los municipios su colaboración para una administración ordenada más eficaz de los servicios que permita achicar estos costes. D) La cooperación en el promuevo del avance económico y social y en la planificación en el territorio provincial, según las competencias de las demás Gestiones Públicas en este ámbito. C) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la crueldad contra la mujer. En el momento en que el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en 2 o mucho más municipios de exactamente la misma provincia una o múltiples competencias recurrentes, esa delegación va a deber efectuarse siguiendo criterios homogéneos.

Revisión  Del Estatuto Jurídico De La Administración Local

El porcentaje de baremo reservado al Estado en el artículo 92 bis.6 se establece en el 65 por 100, atribuyéndose un 30 por 100 del total viable a las instituciones eficientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco para que fije los méritos que correspondan al conocimiento de las especialidades jurídicas y económico-administrativas que se derivan de sus derechos históricos y especialmente del Concierto Económico. A estos efectos, las Diputaciones Forales desarrollarán los criterios de cálculo de conformidad con lo establecido en el artículo 116 ter de esta Ley recibiendo la comunicación del coste efectivo de los servicios que prestan las Entidades Locales de sus propios territorios. «m) Designar a los representantes municipales en los órganos agremiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea como sea su naturaleza, en los que el Municipio sea partícipe. Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la forma específica de administración del servicio. Sin perjuicio de lo preparado en el artículo previo, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control precautorio.

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Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de de año en año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas cada un año aprobadas de las entidades enlazadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato previo. B) Administración indirecta, a través de las diferentes formas previstas para el contrato de administración de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Campo Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. B) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la presencia de indudables impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. B) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Ayuntamientos, especialmente los de menor aptitud económica y de gestión. En todo caso garantizará en los ayuntamientos de menos de 1.000 pobladores la prestación de los servicios de secretaría y también intervención.

Sostenibilidad

Por primera vez se introducen en la Ley medidas concretas para promover la fusión voluntaria de los municipios, de forma que se fortalezca a los entes locales que se fusionan, ya que contribuyen a racionalizar sus construcciones y superar la atomización del mapa municipal. Clarificar las competencias municipales para eludir duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de manera que se lleve a cabo efectivo el principio «una Administración una competencia». Ervicios en temas de salud que ahora prestan los ayuntamientos y, en un máximo de 2, los servicios sociales. No obstante, los especialistas alertan que “para lograr estos objetivos esta ley recorta las competencias de los Ayuntamientos, transfiriéndolas a gestiones superiores, Diputaciones y Comunidades Autónomas, lo que piensa un drástico cambio de modelo en el que el municipio, la entidad más cercana al ciudadano, pierde capacidad de ofrecer contestación instantánea y eficaz a sus pretensiones”.

A) Supresión de las competencias que ejerza la Entidad Local que sean diferentes de las propias y de las ejercidas por delegación. «Producto 116 bis. Contenido y seguimiento del plan económico-financiero. Extraordinariamente, antes del transcurso de tal plazo, se podrán llevar a cabo nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad de efectuar un nombramiento provisional conforme a lo establecido en el párrafo previo. C) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 1.b), salvo la función de tesorería. B) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funcionalidades contenidas en el apartado 1.b).

Además de esto, y fue entre los temas mucho más discutidos, se imponía lo que se llamó ‘el coste estándar’, la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un municipio quería continuar prestándolos. 1) Los incisos “al Ministerio de Hacienda y Gestiones Públicas” y «para reducir los costos efectivos de los servicios el mencionado Ministerio va a decidir sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera” del art. 26 LBRL (art. 1.9 LRSAL). Nombramientos temporales de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su unión a lo sosprechado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Seguridad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se realizará una auditoría de las cuentas anuales que será compromiso del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.

Solo los miembros de la Empresa que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia eficaz a las sesiones de los órganos agremiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. «Producto 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales. «Artículo 57 bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas. [newline]D) Hacer más simple a las otras Gestiones la información sobre la propia administración que sea importante para el adecuado avance por estas de sus cometidos. La delegación habrá de ir acompañada en cualquier caso de la correspondiente financiación, para lo cual va a ser precisa la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los capitales de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

24.1.a) y b) TRLCSP]. La exclusión, por tanto, se debe a que la Administración, en estos supuestos de las letras a) y b) del artículo 24.1 TRLSCP, dispone de medios para desarrollar la obra y a la voluntad del legislador de que semejantes medios sean utilizados con preferencia a la colaboración con empresarios particulares, aquí sí por razones de economía, y no, como pretende la Junta Consultiva, a que la Administración deba tener esos medios. Con la reforma de la Ley de Administraciones Públicas, varios servicios sociales -como el de emergencias sanitarias- quedarán en manos de las autonomías en menoscabo de los ayuntamientos. Abordaremos este tema junto a especialistas y causantes.

Esta prohibición, alentada por causas de eficacia y de racionalidad económica, obliga a la disolución de aquellas que ya existan a la entrada en vigor de la presente norma en el plazo pensado. Hacemos extensiva esta petición al resto de gestiones, poderes públicos y agentes sociales. Además, se establece la obligación de saber el coste efectivo de los servicios que prestan las entidades locales, de acuerdo con criterios comunes, y se dispone su remisión al Ministerio de Hacienda y Gestiones Públicas para su publicación. Esta medida se considera un paso fundamental en la optimización de la información disponible, descartando asimetrías y ayudando de forma permanente al aumento de la eficiencia de las Corporaciones Locales.

La Constitución los enmarcó como una rivalidad autonómica, por tanto no hay un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una manera o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; o sea, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que constituya la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, han conseguido su máxima visibilidad e implantación mediante las corporaciones locales. Pues hace algunas semanas estuve en una charla que hablaban acerca de esta ley y por lo que decían (yo siempre escucho lo mismo, así que no sé si será el tremendo fatalismo que nos rodea) va a suponer en unos cuantos años la desmantelación de todos y cada uno de los servicios sociales municipales que no se puedan autofinanciar, que en la práctica son prácticamente la integridad de exactamente los mismos; en tanto que van a pasar a depender de las CC.AA. Y éstas podrán libremente decicir si quieren sostenerlos o no. En resumen, todo buenas noticias. Estos y otros puntos se han ido modulando por último o incluso han desaparecido de la ley, como la supresión de ediles.

El plan, que deberá contener una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en cualquier caso deben ser objetivos y equitativos y entre aquéllos que va a estar el análisis de los costos efectivos de los servicios de los ayuntamientos, va a poder financiarse con medios propios de la Diputación o entidad semejante, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus propios capitales. Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las anteriormente asumidas y ratificadas por estos, la Comunidad Autónoma asegura, en su territorio, la coordinación de los distintos planes provinciales, según lo sosprechado en el artículo 59 de esta Ley. Las competencias municipales en las materias enunciadas en el artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales de conformidad con los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

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